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Riesgo de Enfermedad Holandesa

Enviado por Mario Pérez Salinas el 26/11/2010 a las 22:21
Mario Pérez Salinas

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En economía se caracteriza como “enfermedad holandesa” o “mal holandés” a la problemática suscitada en la excesiva afluencia de divisas o capital externo, debido a algún fenómeno productivo determinado, con características de boom, que lleva a la economía del país a prácticamente depender de la exportación de un producto único, generalmente un commodity, en perjuicio de los demás sectores de producción.

El término nació de la crisis experimentada por la economía de los Países Bajos en la década del 60, originada en el descubrimiento y sobreexplotación de nuevos yacimientos de hidrocarburos en el Mar del Norte, que llevaron a esa zona riquezas extremas, pero que sin embargo motivaron, a su vez, al descuido de las otras áreas de producción, por la excesiva apreciación del florín, la moneda oficial de Holanda, de forma tal que cuando cayó el precio internacional del crudo, a raíz de la crisis de la OPEP, el trastorno financiero terminó afectando a todo el país, como una integridad.

Chile experimentó lo que ahora se conoce como “síndrome holandés”, a fines de los años 20 y principios de los años 30, como consecuencia de la crisis del salitre, con caída general de la producción, estancamiento económico, desempleo sumo, y por sobre todo pobreza y miseria. Por ello, los distintos gobiernos de los decenios subsiguientes iniciaron un plan de sustitución de importaciones, persiguiendo fortalecer la economía interna y depender menos del capital foráneo, a través de medidas estratégicas como la creación de la CORFO.

En la actualidad, pareciera que se estuvieran dando otra vez las condiciones para la aparición del mal, producto de la gigantesca entrada de dólares en razón de la explotación minera, principalmente cobre y molibdeno. Pensamos que nunca antes había existido tanto dinero en el país; pero ello, que debiera ser una bendición, a la postre puede derivar en problemas de nivel macroeconómico. La explicación está en que el tipo de cambio (valor de la divisa, principalmente del dólar) en Chile obedece a un esquema flotante, es decir, dependiente del mercado, de la compra y venta diaria de esa divisa. Si hay muchos dólares en el mercado su precio tiende a la baja (que es lo mismo decir que se aprecia el valor de la moneda nacional, el peso); y lo contrario ocurre con la poca disponibilidad de dólares en el medio. De acuerdo a ello, la situación actual evidencia que, con el precio internacional del cobre inusitadamente alto por mucho tiempo (3 dólares, casi 4, durante todo el año), y el reingreso de 4.000 millones de dólares, durante 2009, de los fondos soberanos en el exterior, para financiamiento de las medidas anticrisis, ha devenido una excesiva oferta de la divisa extranjera en el medio nacional, lo que ha llevado su precio a la baja sostenida, estando al día de hoy calculado en, más o menos, 480 pesos el dólar (de $670 que llegó a valer alguna vez)

El problema es que el tipo de cambio bajo desfavorece las exportaciones, especialmente en aquellos rubros en que la empresa debe competir con el exterior, léase productos agrícolas, ganaderos y forestales, o sustituir las importaciones, como en el caso de la pequeña y mediana industria, porque, en este esquema, por cada dólar ganado la empresa recibe menos valor en pesos, obteniendo una ganancia residual o, en la peor de las situaciones, no alcanzando siquiera a cubrir sus costos de producción; con todo lo cual se desincentiva la inversión y se desfavorece el empleo, tendiendo la mano de obra, en general, a emigrar hacia los servicios, en las ciudades, y hacia las zonas extractivas, productoras de los commidities.

Por el contrario, el dólar bajo beneficia las importaciones, con lo cual sufre la industria nacional. Lo estamos viendo en el caso extremo de la gran venta de automóviles, de lujo y corrientes, de electrodomésticos, principalmente plasmas y computadores, y de teléfonos celulares de gran coste (y de todo lo demás, desde un tornillo hasta la ropa del retail). La excesiva liquidez mueve al movimiento bancario, proliferan los préstamos, las tarjetas de crédito, los viajes al exterior. Todo ello en buena onda, en tanto se mantengan altos los precios del commodity y sigan afluyendo al país los dólares en grandes cantidades. Caso contrario sería si éste bajara de precio intempestivamente, como ya ocurrió en 2008.

Para prevenir dicho tipo de problemas nuestro país está organizado en el FEES, Fondo de Estabilización Económico y Social, adonde van a parar los valores producto de los excedentes del cobre, para utilizarlos en caso de contracción económica. De la misma manera, en materia de presupuesto, existe la Regla Fiscal, o Balance de Superávit Estructural, según la cual el gasto público del país, en un año determinado, debe ser tal que el superávit del ejercicio presupuestario alcance obligadamente a lo menos al 2% del PIB, habiéndose configurado dicho presupuesto anual sobre la base de la estimación del precio del cobre a largo plazo (es decir, no necesariamente alto y estable) y de un gasto público de tendencia. El problema es que esta Regla Fiscal, que persigue moderación y realismo en el gasto público, ha sido flexibilizada en los últimos años, bajándola a un 1% del PIB e incluso a un 0,5% y, más aún, a 0%, seguramente movida esta acción por las grandes necesidades del país a raíz de la crisis financiera internacional. En el presupuesto de 2011, la Regla Fiscal ha quedado nuevamente fijada en 1% del PIB.

La gran liquidez de las economías internacionales, debido a las medidas contracíclicas (leíamos el otro día que Estados Unidos volvió a inyectar a su sistema bancario 600.000 millones de dólares), la baja sostenida en las tasas de interés (Estados Unidos la ha mantenido por mucho tiempo en 0,25%, Chile la mantuvo varios meses en 0,5%) ha llevado a acrecentar la cantidad de dinero en el mundo, haciendo el paraíso de los consumidores. Sin embargo, las grandes economías del orbe, E.E.U.U., Japón, la Eurozona, no terminan de levantar cabeza o evidencian una recuperación demasiado lenta, y, por otra parte, la llamada periferia de Europa, Grecia, Portugal, Irlanda y España, se debaten en aguda crisis, por el excesivo gasto y caída de la producción, hasta el riesgo de caer en lo que los economistas llaman “default”, cesación en sus pagos internos y externos, a no mediar la inyección de recursos de fondos internacionales que tienen que acudir al rescate para evitar la debacle en todo el continente.

Lo que está salvando al mundo, y en particular a Chile, es el dinamismo de la economía de China y, en menor medida, de India. Mientras China siga comprando el cobre nacional, todo se mantendrá igual. Pero no se sabe a ciencia cierta hasta cuando puede durar este estado de cosas. Por ello los economistas recomiendan que el Banco Central intervenga el dólar (única entidad en el país que tiene el poder de hacerlo), como en 2008, en que compró en el mercado nacional US$ 8.000 millones (a razón de 50 millones diarios, en subasta pública, durante varios meses), de modo de presionar a la disminución de la masa de ese circulante y, por esa vía, propender al alza de su precio. No obstante, según un crítico, no es bueno estar haciendo intervenciones siempre, porque, con ese tipo de medidas, el Banco Central adquiere una deuda, por el atesoramiento de dólares, los cuales en un momento determinado tendrá que volver a colocar, y nunca se sabe a qué precio, por desconocerse las condiciones exactas de ese mercado de futuro.

Otros economistas recomiendan la fijación de cuotas de capital (lo ha hecho Brasil, entre otros), es decir, entrar derechamente a limitar el ingreso de capitales al país. Pero tampoco resulta una medida aconsejable porque, como decía un político, “la economía va como avión” y resultaría inconsecuente frenar los afanes de inversión, principalmente en la minería.

Lo verdaderamente aconsejable es promover la mayor productividad, sobre todo en los sectores más alicaídos, no sólo con mayor crédito fiscal sino que también con medidas simples de incentivo microeconómico y que persiguen, en general, simplificar la vida de las Pymes. Entre ellas se pueden nombrar la agilización de los trámites para el inicio de actividades de nuevas empresas, acortando el período y abaratando los costos de consolidación de las nuevas iniciativas, y la facilitación de los procedimientos para sus exportaciones e importaciones, al par que se simplifican también los trámites para cerrar las empresas que no han dado resultado. Asimismo se menciona incentivar el trabajo a distancia, persiguiendo integrar a mayores márgenes de la fuerza laboral; reformular el sistema de capacitación con el desarrollo de bonos para trabajadores y dueños de la pequeña y mediana empresa; y dar un nuevo impulso a la inversión y el emprendimiento, reorientando los programas de CORFO, y de investigación internacional, hacia las áreas de mayor necesidad o bien hacia aquellas que es necesario profundizar. En síntesis, se trata de medidas concretas y prácticas, caracterizadas en economía como de Segunda Generación, de bajo impacto político, pero que van por la mayor eficiencia, productividad y competitividad, por la vía del fortalecimiento de lo que se tiene y no renunciando a la innovación y la exploración de nuevos mercados, todo lo cual debiera permitir diversificar los destinos y también morigerar los riesgos de las dificultades cambiarias.

Seguramente, seremos testigos en las próximas semanas, o en un par de meses, de una nueva intervención del dólar por parte del Banco Central, dado que esa es la tendencia señalada por los analistas y académicos de Economía. Ello, sin duda, contribuirá a aliviar de momento la situación aflictiva por la que atraviesan los productores tradicionales. Pero las intervenciones en la microeconomía, y su perfeccionamiento futuro, deben ser consideradas como más atingentes y de efectos más duraderos, porque constituyen medidas que van a lo práctico y su permanencia en el tiempo debiera señalar la senda efectiva para la superación de las barreras del subdesarrollo. Y tanto es así que ya varias de ellas son materia de proyecto de ley en discusión en el Congreso, y otras están a punto de serlo, suscitándose un consenso amplio al respecto, porque quien podría negarse a este tipo de innovaciones tan evidentes como necesarias. Más todavía en el momento que vivimos, como nación, de riesgo de males económicos estructurales y de posible repetición de crisis anteriores, por especialización en un producto de exportación único o en exceso mayoritario, pero, por lo mismo, altamente dependiente de los vaivenes de la delicada situación financiera internacional.

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