A la leche le ha llovido sobre mojado. A las peores sequías que ha tenido que soportar en décadas, durante los dos últimos veranos, lo que afectó gravemente la producción, se sumó la baja internacional de los precios como consecuencia de la crisis financiera y la contracción de la demanda, todo lo cual ha devenido en una baja progresiva del precio pagado por los grandes procesadores de bienes lácteos que operan en país (Soprole, Colún, Nestlé, Watt’s, Danone, Surlat,  Parmalat, Mulpulmo, etc.) a los productores nacionales por litro de leche puesto en planta; desde $208 promedio pagados en agosto de 2008, a $130 promedio pagados en agosto de 2009, los que los sitúa netamente por debajo de los costos de producción, estimado por los especialistas en $156 promedio por litro (Revista Campo Sureño, El Diario Austral de Valdivia - Fedeleche).

            Sin embargo, no todo acaba allí puesto que a esta preocupante situación se ha venido a sumar la afluencia masiva de los mismos productos provenientes desde Argentina y Uruguay, a precios tan disminuidos, incluso por debajo del precio internacional, que no hacen más que despertar sospechas acerca de la existencia de medidas intervencionistas de parte de los respectivos gobiernos, a través de subsidios a la propia producción, contradiciendo normas internacionales asumidas en torno a la competencia leal en el comercio ínter naciones, conforme a acuerdos derivados de la Organización Mundial del Comercio, OMC, a la cual los tres países pertenecen.

            La crisis generalizada del sector productor lácteo en nuestro país se ha presentado en términos del cierre temporal, y a veces definitivo,  de muchas plantas y el remate parcial o total del rico ganado lechero, conformado por vacas de acervo genético de años; ante la existencia de rentabilidades negativas en el negocio y el endeudamiento creciente con la banca comercial y las empresas proveedoras de insumos, cuadro que puede verse más afectado aún al acercarse la temporada peak de la producción lechera, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, lo que puede llevar a una sobre oferta que en definitiva liquide  los precios por debajo de los 90 u 80 pesos por litro, lo cual sería fatal.         

            A todo ello es debido que los productores nacionales, agrupados en la Federación Nacional de Productores de Leche, Fedeleche, hayan recurrido a la autoridad económica, en agosto pasado, denunciando una distorsión en los precios de la leche en polvo y el queso importados desde Argentina y Uruguay, allegando los antecedentes atingentes a la posible intervención de los respectivos gobiernos  extranjeros, a través de una política de subsidios -explicada por los mismos en ayudas para la superación de la crisis internacional-, hasta el punto de ofrecerlos en el mercado chileno a precios mucho más bajos que los internos, incluso más que los precios internacionales, con el aditamento de que estos últimos han caído a su peor nivel histórico. Y solicitan en consecuencia la aplicación de  una salvaguardia de 31,5% a la importación de estos productos por sobre su arancel aduanero consolidado que alcanza a 2,8% para todos los países y 0% para los pertenecientes al Mercosur.

            En este punto es necesario explicar que este tipo de reclamos se presenta ante la Comisión Nacional de Distorsiones y Precios, en conformidad a la Ley 18.525, sobre Importaciones de Mercaderías al País, comisión que está compuesta por representantes del Banco Central y de los ministerios de Agricultura, Hacienda, Economía y de Relaciones Exteriores, y por el Fiscal Nacional Económico y el Director Nacional de Aduanas. La reglamentación, basada en acuerdos sobre salvaguardias de  la OMC, permite aplicar sobretasas arancelarias provisionales de hasta 31,5% a productos específicos hasta por un año, prorrogable por una sola vez hasta por un año adicional, cuando concurren  circunstancias de la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, en condiciones tales que causen o amenacen causar daño grave a la rama de producción nacional en bienes similares; que es lo que precisamente se aprecia en el caso actual en que la importación de leche y queso desde Argentina y Uruguay aumentó desde el 49% del consumo chileno que marcó en agosto de 2008, al 78% a mediados del presente año; con la aclaración de que sus precios han sido artificialmente manejados por las respectivas autoridades, a través de subsidios de facto, de modo que comprometen una competencia desleal a nivel internacional.

            El pasado 9 de octubre el Ministerio de Agricultura anunció que el gobierno acogía la recomendación de la Comisión Antidistorsiones de aplicar salvaguardia, esto es restricción provisional al consumo externo de leche entera en polvo, leche en polvo descremada, leche condensada y queso Gouda, por noventa días. Con ello se aplica gravamen adicional de 15% al arancel que deben pagar los importadores para traer estos productos, lo que desincentiva su consumo, con la esperanza de que el mismo se vuelque a los productores nacionales cuyos precios, merced a la medida, deberían evolucionar al alza. De hecho, se ha constatado que tanto Soprole como Nestlé ya han anunciado un aumento de 16 a 25 pesos a los precios por litro de leche recibido en planta lo cual harán retroactivo al 1° de octubre. Y aunque la medida llega un poco atrasada porque se la esperaba para septiembre, y además en la mitad de los porcentajes solicitados, no cabe duda alguna que constituye la mano que estaban esperando 13 mil productores lecheros del país, la mayoría del rango de medianos y pequeños empresarios, pertenecientes a una actividad económica que involucra a no menos de 200.000 personas, en toda la cadena de producción, transporte y comercialización, a nivel nacional

            No obstante, no todo es miel sobre hojuelas. Al constituir nuestro país parte activa de una economía de mercado globalizada, es posible esperar repercusiones desde el otro lado, en donde se defienden aseverando que no habría tales subsidios sino simples ayudas a sus productores a raíz de la sequía, o créditos por sus propios endeudamientos. Lo cierto es que, como dice un dirigente gremial del sector, “en esos países existe una política definida de apoyo a la agricultura tanto directa como indirectamente, que les permite planificar un desarrollo a largo plazo. En cambio en Chile ni siquiera se dispone de un mecanismo efectivo que opere ante distorsiones en el mercado y garantice una competencia justa y leal, y cumpla con no dejar a los agricultores demasiado expuestos a los vaivenes de la economía global. Y que esta comisión funcione ágil y ejecutivamente para que no sean los afectados los que tengan que argumentar los hechos a un costo alto e inversión en precioso tiempo” (La Tercera 12.10.2009).

            La mayor crítica estriba en que si bien la Comisión pudo comprobar la distorsión de precios de bienes importados, ésta atañe a sólo dos países, que por tener arancel consolidado de 0%, al ser integrantes del Mercosur, serán menos afectados por la medida que los demás países los cuales no tienen esta regalía, puesto que la salvaguardia de 15%  corre igual para todos. Por lo tanto, además de posibles reclamos a la OMC, es de esperarse de algunos de ellos el efecto de la retaliación, es decir, que se desquiten con el castigo a los aranceles chilenos de exportación en otros rubros del comercio internacional; y en particular sean otros productores los perjudicados, y en general los consumidores por su virtual veda al acceso a los menores precios posible en el mercado de abastos.

            De todas maneras, cualquiera sea el resultado de la medida, debe enfatizarse que ella es sólo provisional, y que tanto el Ministerio de Agricultura, a través de la Oficina de Estudios de Políticas Agrarias, ODEPA, como el Servicio Nacional de Aduanas, estarán practicando un seguimiento diario a los costos de importación, de modo de actuar con celeridad en caso que la sobretasa se torne innecesaria.

             En este mismo respecto, es necesario subrayar que la autoridad reconoce que la cifra de 15% no es antojadiza sino que responde a la evolución que ha tenido el precio internacional de la leche el cual ha ido en aumento desde julio. Ello responde a una de las temáticas más recurridas últimamente en el escenario de la política económica nacional, aquella relacionada con la cuestión “más Estado o más Mercado”. En este caso estamos viendo justo un ejemplo en que el Estado regula cuando tiene que regular, para, después de pasada la crisis, dejar el campo al libre juego de la oferta y la demanda, pero con reglas claras y definidas, y exento de distorsiones.