Al fin saltó la liebre y tenemos plan financiero pro reconstrucción de los daños provocados por el terremoto y posterior tsunami. Al menos hay una idea concreta de proyecto de ley ya consensuado en líneas gruesas en una primera instancia de acercamiento entre Gobierno y Oposición.

            Dicho proyecto concibe este financiamiento como proveniente de cuatro fuentes principales: el aumento de la carga impositiva a las empresas de mayor tamaño, la emisión de un bono soberano (crédito) en el exterior por mil millones de dólares, a diez años, la utilización de parte de las reservas internacionales derivadas del mayor precio del cobre y acumuladas en el Fondo de Estabilización Económica y Social, FESS, y la modificación del royalty minero, del 5 al 9 %.  Como fuentes adicionales se ha señalado a las donaciones particulares (iniciativa legal ya aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados), las mayores contribuciones a las propiedades habitacionales, comerciales y agrícolas de avalúo superior a 97 millones de pesos (sobretasa de apenas 0,25%), la emisión de un bono interno (por cantidad no todavía precisada), el mayor impuesto al tabaco, y el recorte de recursos de la Ley Reservada del Cobre, que utilizan las Fuerzas Armadas, en un total de 1200 millones de dólares (600 millones para las reparaciones de Asmar en Talcahuano y los otros 600 para la reconstrucción social). A todo lo cual hay que agregar la venta de activos fiscales prescindibles (es sólo una idea, no del todo asentada, por lo menos en el caso de Aguas Andinas y Edelnor), la reasignación presupuestaria interna (algo que duele a las regiones) y los hipotéticos recursos deducibles del mayor crecimiento económico que se pretende generar.

            Con todo ello, el Gobierno espera recaudar los 8.500 millones de dólares que requiere para la gran reconstrucción en materia de obras públicas, educación, salud y vivienda, y otros 9.300 millones de dólares para el cumplimiento de su plan de desarrollo según lo anunciado en la campaña presidencial, en un período de cuatro años.

            Curiosamente, la mayor parte de las críticas a este paquete de medidas financieras ha provenido de sectores de alguna manera afines al Gobierno, sobre todo de economistas liberales que basan su ideal de desarrollo en el mejor desempeño de la empresa, con incentivo al crecimiento, la inversión y el empleo, ante lo cual los aumentos de impuestos aparecen como un contrasentido. Sin embargo, es necesario  acotar que dicha mayor carga impositiva tiene su contraparte de provecho para las firmas, por la instauración de medidas accesorias que justamente persiguen no comprometer la expansión de las  mismas en el mediano y largo plazo, prevenciones que, a su vez, no dejan de tener reparos en el otro extremo de los sectores de opinión, más proclives al estatismo. Porque, en primer lugar, esta alza de gravámenes es transitoria: 3 puntos en 2011, para llegar al 20%; y 1,5 en 2012, bajando al 18,5%; para volver al 17% original en 2013. Cabe recordar que el impuesto de primera categoría, o a las utilidades de las empresas, como parte integrante de la Ley de Rentas, fue siempre de un 10%, hasta 1991 en que, por primera vez, fue aumentado por ley, a 15%, por diez años; y que desde 2002 en adelante ha sido progresivamente incrementado hasta llegar al 17% actual. Lo distinto de la nueva alza  proyectada -y eso es lo que tiene tranquilos a los empresarios y a buena parte de los parlamentarios de derecha- es que ahora se trata de aumentos transitorios (lo que a su vez es resistido del otro lado, en donde se preconiza la permanencia del alza), y que además –o en segundo lugar- contempla franquicias pro inversión, como la depreciación acelerada, medida que no alcanzó a prosperar durante la administración anterior, cuando fue presentada por el ministro de Hacienda de entonces, Andrés Velasco.

            En economía, la depreciación corresponde al valor natural de desgaste de los activos fijos, como las maquinarias y equipos, el cual es determinado por la Ley de Rentas en un cuadro que prescribe plazos anuales de depreciación, cuyos respectivos valores pueden ser rebajados por la empresa en su declaración de renta, deduciéndolos como gasto. De esta manera, por ejemplo, si una máquina es adquirida al valor de $ 120 millones, y por dictamen superior cae en un plazo de depreciación de 10 años, el propietario podrá rebajar en su declaración de renta la cantidad de $ 10 millones anuales, declarándolos como gasto, conforme a la Ley. Por lo tanto hay menor base imponible y menor monto de recaudación de impuestos para el Fisco, pero a su vez mayor respeto por la inversión de recursos de parte del empresario. Esto, en lo que respecta a la depreciación fija, porque la depreciación acelerada postula que los plazos de la misma se acorten en un tercio –o en la mitad, como se quiere ahora-, de manera que en el año la empresa descuente en su declaración de renta una parte considerablemente superior (en el caso del ejemplo entre 40 y 60 millones en el primer año), por concepto de desgaste de maquinarias y equipos, pretendiéndose con ello liberar un más grande caudal de recursos susceptibles de ser derivados a la inversión privada y el crecimiento de las empresas, lo que, al redundar en mayor actividad económica, por lógica  del mercado, tendría que  atraer mayor bienestar en general, objetivo supremo de todo gobierno.

            Se sabe difícil, pues ya lo experimentó Velasco. La fuerte crítica pone el acento en el hecho incuestionable de que no menos del 80% del capital fijo en Chile es detentado por los grandes sectores empresariales, en la minería, industria y electricidad, de resultas que la mencionada política  vendría a favorecer en muy inferior grado a la mediana y pequeña empresa. No obstante, la teoría postula que la mayor inversión de las compañías gigantes conlleva en forma natural a la también mayor amplitud de sus relaciones comerciales con las Pymes, por lo tanto con ello se predispone a un mayor dinamismo de la actividad económica interna, lo que impulsa en general al país adelante.

            Paralelamente, se pretende la mantención del impuesto de timbres y estampillas en 0,6%. Este impuesto, creado por ley en 1985, a raíz del penúltimo terremoto que asoló la zona central del país, grava la extensión de documentos en operaciones bancarias y de crédito, persiguiendo una mayor recaudación de recursos para el Estado, para ir en apoyo del financiamiento de obras públicas y proyectos de inversión fiscal. Su monto es proporcional al valor de las transacciones ya que está fijado en 1,2% de ese valor operativo. Sin embargo, la gran crisis financiera de 2008 – 2009 llevó al gobierno saliente a intervenirlo en un plazo que fijó su importe en 0% en octubre de ese último año y a 0,6% en enero recién pasado, y se prtendía  cerrar el ciclo con la vuelta a su valor original de 1,2% en julio próximo. Empero, el actual gobierno está proponiendo congelar la vigencia de su valor actualizado de 0,6%, con los mismos objetivos antedichos, es decir, aportar una iniciativa más para propiciar la liquidez de las personas y las empresas, alentando su restablecimiento económico post crisis.

      Habíamos manifestado también, en comentario anterior, que no se esperaba una intervención del royalty minero, por el hecho cierto de la invariabilidad de los compromisos asumidos por trato financiero entre el Estado y las respectivas empresas mineras, por un lado, y el apego del país al cumplimiento de lo pactado y a la institucionalidad jurídica, por el otro, lo que ha valido, en este último caso, el reconocimiento internacional, traducido en mayor flujo de inversiones de capital externo para el crecimiento. Ahora, con no poca sorpresa hemos podido comprobar que al final se ha postulado la mentada alza del royalty en cuatro puntos (del 5 al 9%),  y sin desmedro de la invariabilidad, pues dicho mayor gravamen se presentaría como voluntario para las empresas y a cambio de la amplitud de  los plazos de  explotación de sus concesiones, las cuales, venciendo originariamente en 2017, se estarían alargando, por este conducto, hasta 2025. Se tiene ya asumido que por lo menos el 60% de las mineras, entre las cuales figuran tres de las grandes, Escondida, Collahuasi y Pelambres, a las que habría que agregar Codelco, estarían adscribiendo al nuevo royalty. Las demás han argumentado que las leyes de los minerales no hacen viable este esfuerzo y que los agotamientos de las minas les obligarían a cerrar de todas maneras hacia 2019, y en algunos casos antes. Por lo demás, ciertas estimaciones sitúan el gran precio de la libra de cobre, de 3 a 3,5 dólares, por un tiempo no muy dilatado en adelante, previéndose por el contrario una baja del mismo a su valor histórico de 1 ó 2 dólares la libra, a corto plazo, lo cual no hace muy rentable el negocio para las empresas de los yacimientos menos ricos.

      Al final, no podríamos dar por terminado este artículo si no hacemos mención a las medidas especiales proyectadas para ayuda de las Pymes, en términos de mejorar su acceso a los mercados financieros, a través de la Corfo y BancoEstado, y de entidades jurídico financieras como el Fogape; y del alivio de las trabas burocráticas que les afectan en su desarrollo, como puede ser la simplificación de los trámites para abrir y cerrar empresas –y el más rápido redestino de los recursos en este último caso-, con todo lo cual se espera propiciar unos 100.000 nuevos emprendedores. Amén del otorgamiento de subsidios directos para reposición de activos fijos dañados o destruidos por el fenómeno telúrico, a  cinco mil pequeños empresarios, la facilitación del acceso a la factura electrónica, y la creación del programa Chilepaga (contraparte del Chilecompra), con la pretendida aspiración de tender a la liquidación de la deuda del Estado con proveedores pymes, porque para quienes hemos trabajado en el sistema no es difícil reconocer que subsiste un caudal de deudas crónicas en este respecto lo cual se constituye en causa directa de la recurrente falta de liquidez de los medianos y pequeños empresarios.

      En síntesis, las detalladas medidas configuran en conjunto una acción financiera que trasunta un esfuerzo positivo para solución de la emergencia creada merced al terremoto y tsunami, favoreciendo la reconstrucción y el rehabilitamiento; provisiones todas que de alguna manera han sido aceptadas por la generalidad, aunque con reparos -muchos de los cuales han sido acogidos al proyecto de ley-, excepto por los teóricos de la libre empresa que, llevados por su dogma, persisten en oponerse a la aplicación de las mayores tasas impositivas. Aún así, es factible también colegir de ellas el vislumbre del afán por ir más allá de la contingencia, con una contraparte  de política económica expansiva que refleja el que no se haya renunciado a la idea original de crecer al 6% anual, conforme al plan amplia y propagandísticamente difundido en campaña, el cual en suma aún persigue acceder al desarrollo en un ciclo de 8 años, asumiéndose que el dolor sufrido sublimaría en la generación de mayor fuerza y mejores alas para aporte al  cumplimiento del objetivo nacional, de concreción de ese despegue irredento.

       La próxima semana se presenta  el mentado proyecto de ley ante el Congreso. Se espera que la discusión en sala enriquezca y perfeccione las ideas anunciadas, lo cual vale para todos, los de uno y otro lado del espectro político, porque intransigencia hay en todas partes, y tanta que no hace más que exasperar a un país que sólo quiere que los problemas se solucionen, ya sea en el corto y largo plazo, según corresponda.